Greenpeace denuncia una asociación ilícita entre Urtubey y familiares de Marcos Peña

January 15, 2018

 

Un grupo de activistas de Greenpeace luchan para frenar las topadoras que intentan deforestar una finca en Cuchuy, en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Se trata de un desmonte de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques que fue autorizado en forma ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña, para sembrar soja. El empresario es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Entre diciembre y lo que va de enero las topadoras arrasaron con 400 hectáreas y avanzan hacia un poblado en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas.

 

En diálogo con Página 12, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, dijo: “Estamos en momentos críticos porque es uno de los pocos bosques que quedan en pie en la zona. Si siguen desmontando nosotros vamos a seguir protestando hasta que se detengan, pero sabemos que la solución, más allá de nuestra lucha, es política: el empresario que está haciendo esto participa en empresas de la familia Macri; el gobierno nacional puede frenarlo con sólo levantar un teléfono”

 

“El primer día que llegamos a la finca íbamos caminando y a lo lejos veíamos caer los árboles. Las máquinas avanzan a un ritmo tremendo. Pudimos filmarlas y ponernos adelante para que se detuvieran; ese día no pudieron seguir. Pero la zona tiene la superficie de la mitad la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual nos resulta muy difícil frenar todas las máquinas” relató Giardini.

 

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos determinó que en esa zona no se permiten desmontes. Sin embargo, el gobernador Urtubey autorizó la deforestación en esa región a pedido de los propietarios de la finca, entre los que se encuentran Alejandro Jaime Braun Peña y el Secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas. La ONG ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos.

 

Giardini apuntó que en el caso de la finca Cuchuy “se ve muy clara la relación entre los políticos y los empresarios para poder deforestar y plantar soja”. “El gobernador de Salta autorizó el desmonte en 32 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, un total de 144.984 hectáreas de bosque protegidos. En Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas, de las cuales quedan unas 3000”, advirtió. Para los empresarios, el atractivo de estas tierras es la relación entre su fertilidad y su valor: “mientras que en Pergamino, provincia de Buenos Aires, una hectárea cuesta 15 mil dólares, en esa zona se paga 500 dólares. Es más barato comprar un campo allí y desmontarlo, que comprar un campo ‘limpio’ en la pampa húmeda”, detalló el activista.

 

Para el coordinador de Greenpeace “cuando se trata de los bosques hay una especie de asociación ilícita entre el Gobierno provincial y empresarios que ya denunciamos y son parientes directamente ligados a autoridades del Gobierno nacional.”

 

La destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios. 

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